[MÚSICA] [MÚSICA] [MÚSICA] [MÚSICA] En octubre del 2013 el FBI cerró el sitio de comercio electrónico Silk Road donde se compraban y vendÃan muchos artÃculos ilegales. Muchos de los pagos se hacÃan en bitcoin. En febrero de 2014 quebró el Exchange MT Gox. Se perdieron unos 850.000 bitcoins, que por entonces valÃan unos 450 millones de dólares. Estos eventos despertaron la atención de los gobiernos sobre la necesidad de regulación de las transacciones con criptomonedas. En general, Estados Unidos y Europa Occidental crearon marcos legales permisivos. Sus ciudadanos pueden comprar y vender criptoactivos libremente. Otros paÃses tuvieron una actitud hostil. En 2014, Bolivia prohibió las transacciones con criptomonedas por considerarlas una amenaza al monopolio del dinero estatal. Otras naciones tuvieron una actitud más ambigua o cambiante, como Rusia y China, por momentos fueron permisivas, por momentos se opusieron. Y otros, como Malta y Singapur, desarrollaron marcos legales favorables con el objetivo de atraer inversiones en empresas de Blockchain. Muchos de los grandes debates regulatorios de la actualidad están vinculados con las ventas públicas de tokens. Como vimos en un módulo anterior, las ICO son estrategias usadas por muchos equipos de emprendedores para financiar desarrollos de proyectos opensource. En 2017, en medio de una manÃa, muchos proyectos consiguieron decenas y hasta cientos de millones de dólares a través de la venta de tokens, muchos de ellos ni siquiera tenÃan un producto. Esta práctica empezó a plantear interrogantes regulatorios. ¿Cuál es el estatus legal de estas monedas? ¿Son activos financieros? En ese caso, ¿deben regularse con las leyes de mercado de capitales? Para esta evaluación la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos desempolvó el Test de Howey. Se trata de una vieja prueba de la década del cuarenta para determinar si una transacción representa un contrato de un inversión entre un comprador y un vendedor. Según el Test de Howey, existe un contrato de inversión si: uno, hay un desembolso de dinero, dos, en una empresa común, tres, con ánimo de lucro, cuatro, que viene exclusivamente del trabajo de otros. En julio de 2017 aplicaron ese test. La SEC determinó que los tokens vendidos por el DAO eran activos financieros porque: uno, los participantes desembolsaron dinero, ether, dos, era una empresa común, el DAO, tres, con ánimo de lucro y cuatro, a través del trabajo de otros, los fundadores del proyecto. Esto significa que el DAO habÃa realizado una venta de valores no registrada. Aunque la SEC decidió no perseguir a los responsables, quedó sentado el precedente de que las ventas de tokens requieren de un marco regulatorio que las contenga. Sin embargo, una pregunta clave es cómo aplicar las regulaciones. Las blockchains abiertas como la de bitcoin no pueden ser censuradas. Como las redes de archivos P2P, los datos están distribuidos en millones de computadoras de todo el mundo. El regulador no puede apagar todas las computadoras de la red, lo que sà puede hacer es controlar los puntos de entrada y salida. El gobierno de Estados Unidos no puede impedir que un ciudadano norteamericano realice un pago en criptomoneda desde un monedero anónimo, pero puede controlar a ese ciudadano cuando compe cripto desde un exchange como Coinbase, o cuando quiera convertir sus criptoactivos en dólares. Pero no se trata únicamente de regular el mercado del cripto. Los gobiernos también están investigando el blockchain como una forma de aumentar la eficiencia y transparencia en la gestión pública. La seguridad nacional británica pierde unos 3.500 millones de libras al año por fraudes y errores. Personas no autorizadas aprovechan fallas en los registros públicos para reclamar pagos no autorizados. El uso del blockchain puede permitir aumentar en teorÃa los registros con el objetivo de evitar estos pagos no autorizados. Otra aplicación se encuentra en los procesos de auditorÃa y recaudación de impuestos. Pedir a las empresas que registren sus transacciones en un blockchain puede permitir al gobierno verificarlas en tiempo real, y esta puede ser una potente herramienta contra la evasión. Pero no es solo sobre un mayor control del gobierno sobre los ciudadanos. Poner datos públicos en un blockchain permite un mayor control de los ciudadanos y los periodistas sobre el gobierno. Un paÃs lÃder es Estonia, que desde 2012 viene desarrollando un programa de implementación de blockchain para aumentar la transparencia en el gobierno. En los últimos años, también surgieron startups que desarrollan tecnologÃa de blockchain para gobiernos. La fundación Democracy Earth ofrece sistemas de votación seguros que permiten evitar el fraude. En 2018, el estado de West Virginia realizó una prueba piloto donde los ciudadanos expatriados podÃan votar desde sus móviles y el voto quedaba registrado en el blockchain. Kleros es otro ejemplo de startup de tecnologÃa cÃvica. En este caso, utiliza el blockchain para la transformación de sistemas judiciales. Imaginemos un sistema de justicia donde los ciudadanos pudiesen participar como jurados desde sus móviles. El blockchain nació con una ideologÃa libertaria. En algunos casos, abiertamente anarquista, pero hoy los gobiernos empiezan a usarlo para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos. [MÚSICA] [MÚSICA] [MÚSICA]
