Un ejemplo interesante que nos puede ayudar a ilustrar esta complejidad inherente al proceso de implementación de una política pública es el que se deriva de la llamada Ley de dependencia aprobada por el gobierno español a finales del año 2006. Esta ley reconocía derecho universal subjetivo de acceso a servicios a todas aquellas personas a las que se les reconociese algún grado de dependencia. ¿Qué implica dependencia? Dependencia implica pérdida de autonomía debido a problemas derivados de la edad, de salud, de incapacidad, etcétera. Y que requieren que esta persona tenga algún tipo de ayuda para poder desenvolverse en su vida diaria. Esta ley explícitamente llamaba a la colaboración interadministrativa entre diferentes niveles de gobierno. En este caso, en el caso español, se refería a la administración dependiente del gobierno central, la administración dependiente de los gobiernos autonómicos, y la administración dependiente de los gobiernos locales. ¿En qué debía desarrollarse, en qué aspectos debía desarrollarse esta colaboración entre los tres niveles de gobierno y de administración? Pues fue una colaboración que afectaba tanto a aspectos de financiación de los diferentes servicios a desplegar para la atención a la dependencia, como también a aspectos de gestión, a aspectos de gestión que iban a ser especialmente complejos en la medida que se requería un reconocimiento individualizado de los diferentes grados de dependencia, concretamente se definen tres en esta ley, y dentro de estos tres grados de dependencia, dos niveles en cada uno de ellos. Con lo cual el propio proceso de reconocimiento de estos grados de dependencia y diseño de planes específicos para cada individuo, con el correspondiente, con la correspondiente decisión de qué tipo de servicios se le iba a adjudicar o qué tipo de prestación económica se le iba a asignar. Todo ello implicaba una colaboración en principio sin precedentes entre los tres niveles administrativos. Dada que, dado que este tipo de proceso iba a recaer con especial intensidad en los gobiernos municipales, aquí el desafío se planteaba como importante, al margen de la necesidad de coordinación apuntada. ¿Por qué? Porque la red de servicios sociales sobre la cual debía recaer este procedimiento adolece en el caso español de una debilidad importante. De hecho esta red de servicios sociales no puede compararse en su grado de desarrollo y de financiación y en su potencial de prestación de servicios, no puede compararse a otros ámbitos del estado de bienestar en España, como pueden ser la sanidad o la educación. Y debido a su precariedad, su fragmentación hacía que el proceso de implementación pudiera ser potencialmente complicado. Además la propia realidad social de atención a la dependencia previa a la aprobación de esta ley se basaba en un fuerte papel del sector informal. Y esto hacía que integrar los supuestos de la ley y la previsión de despliegue de ciertos servicios y de financiación de esos servicios fuese en principio complicado. Si a ello le sumamos el contexto de crisis económica con la que tuvo que enfrentarse, con el que tuvo que enfrentarse el despliegue de esta ley, pues podemos entender que las dificultades fueron importantes. Si a ello le sumamos la complejidad territorial que encontramos en el estado español, con diferente disponibilidad de recursos, diferentes características, de estas redes de servicios de conflictos de hecho competenciales entre los tres niveles de gobierno en relación a cuál de ellos realmente alberga como competencia exclusiva la atención a la dependencia, etcétera. Podemos ahí visualizar un escenario de implementación muy complejo. Si a ello le sumamos especificidades en las que en otros momentos de la sesión de implementación nos detendremos, en relación a los perfiles profesionales que deben encargarse del despliegue de esta política aún también tendremos factores interesantes de análisis para comprender la complejidad de este proceso. En cualquier caso, algo relevante a contemplar es que a la fecha actual en la que nos encontramos el despliegue de esta ley, es decir, los niveles de extensión e intensidad de cobertura de la dependencia a los que se han llegado son extremadamente precarios si los comparamos con los objetivos inicialmente propuestos en la aprobación de esta política pública. >> Sí la implementación de la Ley de la dependencia fue, fue brutal, porque fíjate que se aprueba la, se aprueba la LAPAD en el Congreso de los diputados y es una ley que establece unos mecanismos muy directos y muy automáticos de puesta en marcha del derecho subjetivo. Además con un, con un calendario, yo no sé algún otro caso donde la ley, ¿no?, no el reglamento o una orden ministerial sino que la ley calendariza, ¿no? Y dice en, en tres meses, ¿no?, se tiene que poner en marcha el mecanismo. Cuando una persona registra una dependencia, una solicitud de dependencia, en tres meses tiene derecho a valoración y si no está valorado puede ir a un tribunal. Una vez valorado tiene tres meses para que le hagan el programa individual de atención. Si no le hacen el pia puede ir a un tribunal a solicitarlo. Es decir, las condiciones de implementación son leoninas, son brutales digamos, ¿no? Y desde el punto de vista de la voluntad política yo las celebré y dije muy bien, está, es fantástico, ¿no? Hace muchos años que no se legisla un nuevo derecho subjetivo con tantas garantías, con tanto empoderamiento ciudadano. Pero bueno, desde la perspectiva municipal, bueno pues, ¿qué hacemos? No tenemos estructuras de implementación. Tenemos unos servicios sociales que en ese momento estaban creciendo pero todavía muy débiles. No tenemos estructuras de implementación. Y tampoco no tenemos ningún recurso económico adicional. Por tanto tenemos que implementar algo enormemente complejo y caro de implementar, sin bueno, sin ninguna estructura, sin ningún tipo de profesional formado especializado, sin ningún tipo de recursos económicos. Y bueno, y por lo tanto a partir de ahí la voluntad política de decir no, no, Barcelona va a ser una ciudad comprometida con el desarrollo de la Ley de la dependencia. Pues construimos una estructura de implementación. Bueno, con muchísimas dificultades. Con unas complejidades de proceso, ¿no?, burocráticas, bestiales. Con una falta de recursos económicos espeluznante. Y pero, pero bueno, llegaban miles de personas, registrando solicitud de dependencia. Y no podíamos no dar trámite a esas solicitudes. Bueno, entonces tuvimos que improvisar, que inventar, que poner a pensar, ¿no?, a los profesionales que bueno, pues en el tema de la dependencia. Y bueno sí, poco a poco fuimos generando, es verdad, ¿eh? que no dejamos a nadie desatendido y bueno, pues empezamos a generar, ¿no?, nuestras estructuras de implementación, empezamos a contratar trabajadores sociales, los empezamos a formar rápidamente en gestión de dependencia, los situamos en los centros de servicios sociales. Empezamos a negociar, ¿no? con negociaciones muy duras con el gobierno de la Generalitat para poder tener, ¿no? las transferencias económicas y también los centros de día, las residencias, etcétera, para poder derivar a las personas que tenían, que estaban valoradas y tenían un pia. Muchísima tensión, muchísima. Muchísima tensión y bueno, y un proceso de implementación con límites, con listas de espera muy largas, con plazos mucho más allá de lo que la ley en principio establecía. Pero también es verdad que, que intentamos convertirlo en una oportunidad y también gracias a la existencia de esa ley y de esas dificultades pues generamos unos centros de servicios sociales mucho más potentes, mucho más normalizados desde el punto de vista de la universalización de la atención. Es decir, intentamos conseguir que la dependencia fuera también una oportunidad, ¿no? Eso durante una, durante una primera fase. Después ha venido una segunda fase que a mi you no me ha pillado en el gobierno digamos, donde se ha producido un proceso de desmantelamiento progresivo de la, de la dependencia. Con reformas, reformas normativas donde primero pues, el primer nivel queda excluido, después desaparecen los grados, después las, se generan incompatibilidades entre prestaciones y servicios, después se recortarían las prestación, se recortan las prestaciones, ¿no? Por tanto el desmantelamiento bueno, es, genera también la desaparición de muchas dificultades del proceso de implementación y digamos, ahora es relativamente más fácil implementar la dependencia minúscula que ha quedado, en relación a lo que fue una primera fase con una ley potentísima, con voluntad política de implementarla, pero sin ningún tipo de infraestructura de implementación, ¿no? Seguramente es el ejemplo más claro de sufrimiento por parte de los técnicos y de los políticos, que hemos vivido en el Ayuntamiento durante todos los años de gobierno. Se podía haber diseñado mejor si el proceso de diseño you hubiera incorporado una perspectiva mucho más bottom up. Si los municipios hubiéramos podido participar en el proceso de elaboración del sistema de atención a la dependencia, si se hubieran respetado las competencias exclusivas de los gobiernos autonómicos, si, si, es decir, si el proceso no hubiera sido tan top down, ¿no? Si el proceso no se hubiera realizado como se realizo, yo estoy seguro que hubiéramos tenido una ley mucho más simple desde el punto de vista de su procedimiento, y tendría que haberse blindado mucho mejor también los recursos para su proceso de implementación. Pero no, no pasó, ¿no? Fue una ley que se definió muy top down y se tuvo que implementar muy bottom up. Y entonces son dos procesos que no encajaron para nada, para nada.
